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05 Jun 2019

España sienta las bases de su lucha contra la pobreza energética

España sienta las bases de su lucha contra la pobreza energética

La Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019 – 2024 aprobada por el Gobierno español el pasado mes de marzo busca hacer frente a una situación que afecta a entre 3,5 y 8,1 millones de ciudadanos reduciendo, al menos, en un 25% los indicadores actuales pero buscando alcanzar el 50%.

Tras la entrada al Gobierno, el nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez supuso un punto de inflexión sobre lo que se venía haciendo hasta el momento e hizo suyos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 de las Naciones Unidas. Durante este tiempo, y el que se iniciará tras las Elecciones Nacionales del 28 de abril, el horizonte propuesto por este organismo internacional, así como su visión estratégica, han sido y serán, previsiblemente, incorporados a todas las políticas públicas y sociales a poner en marcha.

En un contexto europeo y nacional donde se lleva tiempo promoviendo medidas que favorezcan el acceso a la energía limpia para todas las personas, al mismo tiempo que se busca su protección, y con una incidencia transversal de los ODS, la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética busca “garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos” (7), sin dejar atrás otras metas que amparan su elaboración: implantación de sistemas de protección social (1.3), garantía de acceso a servicios básicos y recursos financieros (1.4), apoyar infraestructuras sostenibles y resilentes (9.a), adoptar políticas fiscales, salariales y de protección social (10.4), aplicar un marco de consumo y producción responsable (12.1), fortalecer el ámbito científico y tecnológico para la sostenibilidad (12.a), incorporar el cambio climático en políticas, estrategias y planes (13.2), crear instituciones eficaces y transparentes (16.6) y promover tecnologías ecológicamente racionales (17.7). A su vez, esta estrategia se ha apoyado en diferentes marcos de actuación normativa y legislativa comunitaria y nacional.

Con el objetivo de abordar la realidad de la problemática, la estrategia muestra un diagnostico de la situación de la pobreza energética en el ámbito español y europeo. Para ello, comienza estableciendo para el país una definición de la pobreza energética como “la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía, como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente en energía”. También deja concretada la definición de consumidor vulnerable en términos energéticos.

Desde esta perspectiva, la estrategia va a servirse de los indicadores oficiales del Observatorio Europeo contra la Pobreza Energética (EPOV) para parametrizar las diferentes situaciones de pobreza energética. En primer lugar, un gasto energético desproporcionado, considerando éste como el porcentaje de hogares cuyo gasto energético en relación con sus ingresos es más del doble de la mediana nacional. En segundo lugar, la pobreza energética escondida, es decir, el porcentaje de hogares cuyo gasto energético absoluto es inferior a la mitad de la mediana nacional. En tercer lugar, la incapacidad para mantener la vivienda a una temperatura adecuada, medido en función del porcentaje de la población que no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada. En cuarto y último lugar, el retraso en el pago de las facturas de los suministros de las viviendas. Éstos indicadores, considerados primarios, son obtenidos a partir de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) y de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además, para poder llevar a cabo una caracterización real a nivel español con la consiguiente posibilidad de realizar análisis comparativos a nivel europeo, los indicadores toman en consideración la acusada diversidad climática de España, como consecuencia de su situación geográfica y su orografía. Para ello, es utilizado el Código Técnico de la Edificación (CTE) que establece la Zonificación Climática en función de la severidad climática en invierno. Por otro lado, para depurar y hacer más precio el análisis y medir las circunstancias especificas de la pobreza energética de cara a adaptar las medidas a las particularidades de los grupos sociales y/o tipología de consumidores, la estrategia utiliza una serie de variables que complementan la información obtenida de las encuestas usadas para recoger los datos de los indicadores. Estas variables son: el tamaño del hogar, el quintil de renta por unidad de consumo, la situación de actividad y el tipo de hogar.

Fruto de este análisis se presenta un diagnostico detallado de la situación de la pobreza energética en España según la cual, en función del indicador utilizado, existen entre 3,5 y 8,1 millones de ciudadanos que la sufren (entre el 7,4% y el 17,3% de la población). Además, muestra una comparativa por Comunidad Autónoma, afecciones directas a la salud y grupos de población especialmente vulnerables. Para revertir este escenario, el objetivo de la estrategia es reducir, como mínimo, un 25% todos los indicadores para el año 2025, eso sí, con la ambición de alcanzar el 50%. Para ello plantea, a partir de cuatro ejes, 19 medidas para luchar contra esta situación cuya función, ejecución, financiación, duración y organismo responsable queda detallado.

El primer eje, denominado “mejorar el conocimiento sobre la pobreza energética”, contempla tres medidas enfocadas a actualizar y calcular de forma periódica los indicadores de pobreza energética y a la realización de un estudio más completo del gasto energético mínimo requerido por los consumidores según la zona climática en la que habiten. Según señala la estrategia “el cálculo periódico de los indicadores es fundamental para conocer la evolución de la pobreza energética en España y el impacto de las actuaciones y medidas contempladas”. La realización del estudio es muy relevante dada la diferencia de consumo energético entre distintas aéreas españolas y la disparidad en el gasto energético entre ciudades según el nivel de severidad climática y las características constructivas de las viviendas en cada región, lo que “implica que las medidas de lucha contra la pobreza energética deban considerar el esfuerzo económico que deben realizar los consumidores vulnerables para lograr el confort térmico”.

En segundo lugar, con el objetivo de mejorar la respuesta frente a la situación actual, la estrategia recoge el rediseño de los mecanismos de subsidio como son el bono social para la electricidad y el bono social térmico. En este sentido, prioriza tres aspectos: la universalidad de las fuentes de suministro, la automatización y la gestión coordinada con otras administraciones públicas. Desde esta perspectiva, las medidas a tomar se enfocan en la creación de una ayuda integral (tanto eléctrica como térmica), en la simplificación de su otorgamiento mediante la comprobación directa de los requisitos por parte de una administración pública que recabe información de todos los organismos implicados, evitando al consumidor la tramitación de la solicitud, y en la coordinación de todas las administraciones implicadas en la implementación de la ayuda. Al mismo tiempo, se crea el suministro mínimo vital que consistirá en la imposibilidad de que el suministro del hogar sea interrumpido durante un periodo de cuatro meses adicional al otorgado actualmente por la normativa. Además, la tercera de las medidas dentro de este eje se refiere a la protección de los consumidores en situaciones meteorológicas extremas en las cuales se prohibirá la interrupción del suministro energético.

El tercer eje está dedicado a la eficiencia energética y la rehabilitación y busca crear un cambio estructural para la reducción de la pobreza energética. Resulta muy importante destacar la relevancia de su inclusión dada la situación de parque residencial español donde más de la mitad de las viviendas fueron construidas antes de 1980 con criterios de eficiencia muy bajos y mayoritariamente habitadas por personas vulnerables lo que influye exponencialmente en el aumento de la pobreza energética en el hogar. Por ello, la primera de sus medidas promulga un programa de rehabilitación exprés en viviendas como medida a corto plazo. Para, posteriormente, definir medidas en el medio y largo plazo como el fomento del parque de viviendas público en alquiles con subvención para los gastos de suministros energéticos para colectivos especialmente vulnerables, la sustitución de equipos por otro más eficientes energéticamente y la rehabilitación integral de edificios. Además, incluye otras medidas que podrían aprobarse derivadas del análisis de la Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España.

En último lugar, el cuatro eje está destinado a medidas de protección a los consumidores y concienciación social. En él, se incluyen medidas como la elaboración de un protocolo para detectar situaciones de pobreza energética por parte de los profesionales de atención primaria del sistema nacional de salud pública español, dándoles la relevancia demandada para enfrentarse a situaciones de esta tipología; impulsar la creación de una base de datos que homogeneicé la información derivada de la gestión de las distintas prestaciones económicas públicas; establecimiento de mecanismos de sensibilización y generación de conciencia colectiva sobre la pobreza energética; la creación de una página web gubernamental como punto de referencia informativa; acciones de comunicación sobre el uso de los contadores inteligentes; información sobre hábitos de consumo, ahorro energético y mejora de la eficiencia energética; y, finalmente, el establecimiento de un canal de comunicación permanente sobre las novedades en la materia a los sujetos y colectivos interesados.

Sin embargo, a pesar de la fortaleza y transversalidad que se quiere mostrar con esta estrategia resulta necesario señalar la observancia de ciertas debilidades como, por ejemplo,  que aunque dentro de las medidas planteadas en cada uno de los ejes se encuentre referenciado el organismo o nivel administrativo que se encargará de su implementación no exista una concreción en las cuantías necesarias de acuerdo con las partidas presupuestarias. Por otro lado, es manifiesta también la falta de fomento y obligatoriedad hacia las compañías eléctricas que operan en el mercado español en cuanto a su contribución, participación y financiación en las medidas planteadas. Además, la novedad e incorporación de nuevas medidas prestacionales también ha quedado relegada a un segundo plano con la redefinición de las existentes o lo no incorporación de ninguna novedad en estos términos.

Si bien los resultados que la estrategia obtenga no se conocerán hasta que finalice el plazo de ejecución de la misma, con la consiguiente evaluación final, resulta necesario poner en valor el proceso participativo, abierto y plural, a partir del cual se ha elaborado. Con una consulta pública previa y un periodo de alegación posterior a la publicación del borrador son numerosos los actores que han colaborado en su desarrollo, entre ellos, asociaciones civiles, asociaciones empresariales, empresas del sector energético, gobiernos locales, autonómicos y organismos públicos, ONG, organizaciones humanitarias y fundaciones, particulares, sindicatos, asociaciones profesionales y universidades. Al fin y al cabo, para dar una respuesta eficaz, real y completa a este problema resulta necesaria una participación transversal de todos los actores y colectivos implicados. Sin embargo el futuro será quien la termine definiendo.

Por Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES)